El jueves 15 de abril multitudinarias, coloridas y estridentes columnas de ciudadanos marcharon en apoyo a la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las calles de la Ciudad de Buenos de Aires se inundaron de personas que se movilizaron exigiendo a la justicia la aplicación de la norma. Mas allá de que terminó siendo, o al menos eso pareció por momentos, una manifestación a favor del gobierno de turno, lo concreto es el justo reclamo que se efectuó.
Realmente es inconcebible el tiempo (más de dos décadas en democracia) que debimos esperar para que nuestros gobernantes decidan reemplazar la ley de radiodifusión sancionada en la última dictadura, ésa que tan bien le sentó a aquellos sectores partícipes o beneficiarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Y lo que también resulta llamativo es el contexto en el que se tomó esta decisión controvertida para unos, esperada para otros: una disputa entre el kirchnerismo y el grupo multimediático Clarín. ¿Cómo es posible que la sanción de una ley tan importante para el destino de los medios masivos esté directamente vinculada con la pelea de un gobierno con un holding mediático?
Sin dudas, muchos de los que marchamos la semana pasada dejamos de lado cuestiones de simpatías o rencores políticos para centrarnos en el espíritu que encarna la ley 25.526: desconcentrar medios, democratizar la palabra y lograr una verdadera pluralidad de voces. Si bien es cierto que algunos puntos son cuestionables y la norma en su totalidad es perfectible, no por eso debemos criticarla con saña y demonizarla, tal como hicieron numerosos personajes que desfilaron por diferentes canales de televisión mientras se debatía en el Parlamento. ¿Acaso somos conscientes de lo que establecía la ley 22.285? ¿Y de los decretos aplicados por Menem, De la Rúa y el mismísimo Kirchner que continuaron propiciando la concentración mediática y salvaguardando intereses económicos empresariales?
Realmente es inconcebible el tiempo (más de dos décadas en democracia) que debimos esperar para que nuestros gobernantes decidan reemplazar la ley de radiodifusión sancionada en la última dictadura, ésa que tan bien le sentó a aquellos sectores partícipes o beneficiarios del “Proceso de Reorganización Nacional”. Y lo que también resulta llamativo es el contexto en el que se tomó esta decisión controvertida para unos, esperada para otros: una disputa entre el kirchnerismo y el grupo multimediático Clarín. ¿Cómo es posible que la sanción de una ley tan importante para el destino de los medios masivos esté directamente vinculada con la pelea de un gobierno con un holding mediático?
Sin dudas, muchos de los que marchamos la semana pasada dejamos de lado cuestiones de simpatías o rencores políticos para centrarnos en el espíritu que encarna la ley 25.526: desconcentrar medios, democratizar la palabra y lograr una verdadera pluralidad de voces. Si bien es cierto que algunos puntos son cuestionables y la norma en su totalidad es perfectible, no por eso debemos criticarla con saña y demonizarla, tal como hicieron numerosos personajes que desfilaron por diferentes canales de televisión mientras se debatía en el Parlamento. ¿Acaso somos conscientes de lo que establecía la ley 22.285? ¿Y de los decretos aplicados por Menem, De la Rúa y el mismísimo Kirchner que continuaron propiciando la concentración mediática y salvaguardando intereses económicos empresariales?
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